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Exigencias legales de contenido obligatorio en los sitios web

Fotografías, vídeos, presentaciones
El jurista Roger Casanova en la sesión sobre Transparencia. Foto: PTV

A trompicones, el legislador ha ido aceptando que los grupos humanos nos comunicamos por medio del sitio web que nos aglutina. Sucede en todos los países. Tanto en Europa como en América.

El vuelco digital de la comunicación interpersonal se convierte en un instrumento social de ciudadanía y, al mismo tiempo, en algo que el poder político desea controlar. A caballo entre la utilidad y su deseo, el administrador ignora que los administrados se comunican también por otros canales —redes sociales, sistemas de mensajería, plataformas de blogs, servicios de agregación, correo electrónico, etcétera— y entretanto se dedica a exigir determinados contenidos en los sitios web corporativos. Aunque un simple club de petanca de los jubilados del barrio ni siquiera tenga dirección de correo electrónico. La ley también obliga a este club a la publicación en su sitio web los asuntos que les conciernen en materia de subvenciones para pagar un trofeo y un par de medallas doradas al año.

Cualquiera que se plantee construir un sitio web, debe tener en cuenta que deberá construir contenido y mecanismos de acceso al mismo en función de las exigencias legales (comunes a la mayoría de los países):

Transparencia

Obliga a los receptores de subvenciones, a los contratistas de la Administración pública, a los firmantes de convenios con instituciones y entidades de derecho público y, en Catalunya, a los lobbies. Hay que explicar el destino de cada céntimo de origen público.

Es obligatorio decir de dónde proviene el dinero, qué cantidad, para qué se empleará y en qué fecha se ha recibido. Pero también, según los casos, los salarios de los directivos, el presupuesto anual de la organización o empresa, las fases de ejecución de los programas, los criterios de calidad, las fórmulas de reclamación que existen para que los ciudadanos puedan dirigirse al prestador de servicios, etcétera.

Los datos deben coincidir con los que se publiquen en el portal de transparencia de la Administración afectada. Deben estar puntualmente actualizados y cada estamento público es libre de solicitar datos adicionales. El lío es monumental y se prevén multas cuantiosas a los directivos infractores.

Protección de datos personales

Cualquier dirección de correo electrónico, número de teléfono o sistema de identificación personal debe estar depositado y salvaguardado en una base de datos —una hoja de cálculo puede servir— registrada ante la Agencia de Protección de Datos (estatal o autonómica). Debe publicarse el uso de los datos, tipo de datos y medio de captación, cesión a terceros y fórmulas de acceso, oposición, cancelación y corrección de los mismos.

Es obligatorio el consentimiento expreso, por lo que un formulario no podrá enviarse sin que el usuario lo otorgue en un clic.

Cookies

Es la aberración técnico-legal europea. Todos los sitios web que usen cookies deben pedir un consentimiento previo de instalación en el terminal del usuario para que éste acceda al sitio web. Lo curioso es que para pedir el consentimiento, se suele usar una cookie. De modo que el ofrecimiento de no usarlas cargue una involuntariamente en el navegador del visitante. La normativa obliga a identificar la cookie, su identidad y uso, y su fecha de expiración.

Cuando son propias, no hay problema. Pero cuando pertenecen a terceros —Google Analytics, GMaps, Facebook, Twitter, etcétera—, son absolutamente incontrolables.

Impedimentos sobre medicamentos para profesional no médico

La explicación del catálogo farmacéutico está vedada al profano por un pacto de la Administración y la industria. De este modo, cuando alguien desea acceder al prospecto de un medicamento en el sitio web del fabricante, tiene que acreditarse como profesional médico para acceder.

La industria farmacéutica respeta escrupulosamente el acuerdo, aunque los filtros no funcionen del todo correctamente y sea fácil colarse. Ha habido casos en los que la empresa tenía filiales en América del Sur cuyos sitios potenciaba como alternativa para dar acceso a la información de un simple preparado lácteo infantil. Así se saltaba a la torera un filtro que dificultaba el posiconamiento web.

Información nutricional y alergénica

Los fabricantes y vendedores de productos agroalimentarios —bares y restaurantes incluidos— deben incluir la ficha nutricional completa de sus artículos desde diciembre del año pasado. No sólo en el sitio web, también en las cartas de los menús. La ficha es indisociable de la información del producto.

La ley española prevé sanciones económicas.

Buen gobierno y movimientos económicos relevantes

Las sociedades cotizadas tienen unas obligaciones especiales respecto a los mercados financieros y sus propios accionistas. Las exigencias de publicación de datos deben aclarar las operaciones, ofrecer una imagen fidedigna y permitir la comparación con ejercicios anteriores.

Como en el resto de casos de contenido obligado, la aplicación de una estrategia de contenidos apropiada convierte la puñetera obligación en un factor de aportación constante de valor a la marca con las rutinas productivas más sencillas que sean posibles.

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