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Guía de contenido para cumplir la Ley de Transparencia

Fotografías, vídeos, presentaciones
La ley da acceso a los ciudadanos a datos públicos. Foto: Anna Dziubinska

Las Administraciones públicas ya conocen sus obligaciones, pero miles de empresas y de organizaciones sin ánimo de lucro ignoran que deben cumplir la legislación española de Transparencia y se exponen a sanciones. Los contratos, las subvenciones y hasta los sueldos de los directivos son objeto de interés público y deben publicarse en los sitios web corporativos y en los portales públicos de Transparencia.

Tomando como referencia la ley estatal y la catalana, que entra en vigor en unas semanas, apuntamos una serie de recomendaciones para la publicación de contenido que cubra las expectativas normativa. Nuestro consejo es no quedarse corto. Un presupuesto afectado puede quedarse a 10 euros del límite, pero es muy fácil que una futura actualización del mismo lo sobrepase y la información facilitada sea insuficiente. Mejor pecar de exceso.

Funcionamiento de los procesos de Transparencia

La norma pretende velar por el buen gobierno y el acceso libre a la información pública, como principio democrático y herramienta de la lucha contra la corrupción. Establece que cualquier institución del Estado y cualquier otra entidad donde vaya a parar un céntimo público indiquen quién y cómo se gestiona ese dinero. Para las Administraciones públicas y los grandes entes de derecho público existen los portales de Transparencia, donde verter la información. Pero para los particulares, las empresas privadas y hasta las organizaciones como clubes deportivos de aficionados, no hay un acceso directo a verter los datos en el portal.

En estos casos, tienen que indicar sus datos a la Administración o Entidad contratante y publicar en sus respectivos sitios web la información pública. Este contenido es el determinado por la ley o el que cada Administración imponga en sus relaciones.

Los tribunales de cuentas, los defensores del pueblo, las oficinas contra la corrupción y la fiscalía pueden exigir en cualquier momento la información requerida e iniciar expedientes sancionadores si no se ha publicado.

¿Quién está sujeto a la Ley de Transparencia?

Además de todas las instancias del Estado y empresas públicas o participadas por la Administración, también los particulares, las empresas privadas y las organizaciones deben hacer públicos sus datos. Han de cumplir al menos uno de estos requisitos:

  1. Recibir en un año ayudas públicas o subvenciones de más de 100.000 euros.
  2. Que el 40% de sus ingresos respondan a una ayuda pública o subvención, si sus ingresos superan los 5.000 € anuales.
  3. Empresas que realizan obras o servicios públicos.
  4. Los grupos de interés (lobbies) declarados —en Catalunya—.

El responsable último es la persona física o el máximo directivo de la persona jurídica.

Las sanciones máximas previstas implican la restitución del daño económico causado, la responsabilidad penal en la que se hubiera incurrido y la pérdida de derechos adquiridos. La norma catalana perfecciona y aumenta la ley estatal con multas de hasta 12.000 €, suspensión de capacidad de contratar con la Administración de hasta 6 meses e inhabilitación para recibir ayudas públicas de hasta cinco años.

¿Qué tipo de contenido hay que publicar?

Las normas indican una serie de datos que se deben facilitar en tres supuestos, pero en los pliegos de condiciones para acceder a una subvención, ayuda pública o contrato de servicios, cada Administración es libre de fijar nuevas obligaciones:

  • Obras y servicios públicos. Hay que declarar el objeto del contrato, la duración, el importe de licitación y el de adjudicación, el procedimiento para su celebración y las posibles modificaciones que surjan en el contrato. También, si es el caso, las razones de desistimiento y de renuncia al contrato. La ley estatal prevé que los contratos menores puedan publicarse conjuntamente de forma trimestral. La catalana exige, además, la publicación de las condiciones y obligaciones relativas a la calidad, al acceso al servicio y a los requisitos de prestación; los derechos y deberes de los usuarios del servicio público; la identificación de quién tiene la facultad de inspección, control y sanción en relación a la prestación del servicio; y los procedimientos que tienen los ciudadanos para tramitar quejas y reclamaciones.
  • Convenios de colaboración. Se deben identificar las partes firmantes, el objeto, el período de vigencia, las modificaciones del convenio, las obligaciones de prestación y la contrapartida económica. La norma estatal fija que hay que indicar qué subcontrataciones se producen para el cumplimiento del convenio.
  • Subvenciones y ayudas recibidas. Hay que explicar el objetivo, el importe y los beneficiarios. La norma catalana prevé que cuando superen los 10.000 euros se incluyan las retribuciones de los órganos de dirección y administración del receptor.

La norma catalana exige también la identificación de los cargos directivos y de sus retribuciones si la empresa u organización que obtiene un contrato por obra o prestación de servicios públicos o firma un convenio de colaboración recibe fondos públicos que superan el 25% de su cifra de negocio.

¿Cómo se publica el contenido?

Ambas normas usadas para responder a estas preguntas exigen información veraz y objetiva, de acceso fácil y gratuito, y en un formato digital reutilizable. También insisten en que debe hacerse pública en los sitios web de los afectados y en los portales de Transparencia.

Ante volúmenes de operaciones grandes conviene crear una página específica

La ley catalana, además, establece que debe publicarse de forma estructurada, con enlace a las sedes electrónicas de las administraciones públicas o instituciones implicadas, cumpliendo los estándares WCAG de accesibilidad web y con la fecha de actualización correspondiente.

Si el volumen de operaciones a declarar es muy grande, es posible que interese crear una página web completa accesible desde la página de identificación de la empresa u organización (el clásico quiénes somos) o en los avisos legales. Probablemente sea mejor la primera opción, porque los datos no son, en sentido estricto, condiciones contractuales del sitio web.

En cambio, para pocas operaciones bastará generar una pieza de contenido al pie de la página de presentación de la empresa u organización.

En éstas, para cada ingreso económico que se tenga que declarar se necesitará un bloque estructurado de una forma común. Una buena opción es el uso de listas de definición dl, que responden semánticamente a las necesidades binómicas de identificación del ítem y de su valor. Por ejemplo, importe adjudicado y 10.000 €. Conviene que cada modificación se identifique y se date utilizando el elemento time. Ante cada modificación de las condiciones, no hay que esperar. Hay que acceder al sitio web y anunciar las nuevas condiciones fechando el cambio.

El uso de HTML5 estándar cumple las exigencias de accesibilidad y de exportación de los datos que demanda el espíritu de la legislación.

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